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MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) - El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a iniciar cuanto antes las reformas normativas pertinentes para ampliar y actualizar la prestación ortoprotésica que ofrece el Sistema Nacional de Salud (SNS) en su cartera de servicios, ajustándola a "las necesidades reales de la población y a los avances de la ortopedia".

Según el texto remitido a la mesa de la Cámara Baja, al que tuvo acceso Europa Press, actualmente se han incorporado nuevas técnicas como los microprocesadores y materiales como el titanio o el carbono, que hacen necesaria una "renovación" de los productos ortoprotésicos financiados por el SNS en la que determine la prescripción más adecuada en función de la necesidad y utilidad.

Al mismo tiempo, esta revisión que reclaman los “populares” serviría igualmente para eliminar de la misma aquellos productos más obsoletos, para lo que reclaman la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones de pacientes y comunidades autónomas. De hecho, piden la creación de un grupo de trabajo en el Consejo Interterritorial del SNS que estudie esta reforma.

De este modo, "todas las personas con discapacidad que lo precisen puedan beneficiarse de dichos productos en condiciones óptimas y adecuadas a sus necesidades y de acuerdo con su elección y funcionalidad, con independencia del tipo de discapacidad de que se trate", asegura el PP en la exposición de motivos de dicha propuesta.

Igualmente, y con el objetivo de dotar de un “presupuesto suficiente” a estas prestaciones y al resto de atenciones sociosanitarias, el Grupo Popular ha registrado otra proposición no de ley en la que urge al Gobierno a que, en un plazo de seis meses, presente al Consejo Interterritorial una propuesta de financiación, gestión y distribución de estos servicios.

PERJUDICA A LOS DEPENDIENTES

Según aseguran los “populares”, la atención sociosanitaria en España está “en el terreno de las expectativas pero no en el de los derechos propiamente dichos” y, pese a la aprobación de la Ley de Dependencia, “la no especificación” de esta prestación en dicha norma ha provocado una “visible confusión de competencias” que “acaba perjudicando a las personas dependientes y sus familias”.

Además, la creación de un espacio sociosanitario evitaría mantener ingresados en hospitales a mayores dependientes que, según su opinión, podrían ser atendidos en centros residenciales.

Por ello, la proposición no de ley del PP también exige al Ejecutivo que en apenas tres meses presente una memoria económica en la que se cuantifiquen los gastos hospitalarios derivados del cuidado de los mayores dependientes, para que los contraponga en términos presupuestarios a la posibilidad de utilizar residencias de mayores, estableciendo también un número determinado de plazas medicalizadas “para evitar ocupar camas de manera innecesaria”.

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