El Gobierno retira el copago de prótesis y sillas de ruedas a los más vulnerables

El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es la norma que persigue blindar los centros de salud y hospitales frente a privatizaciones directas o indirectas, que restringe los conciertos con la sanidad privada, que retira las últimas trabas burocráticas para que cualquier persona, nacional o extranjero, reciba atención en igualdad de condiciones que el resto, que suprime parte de los copagos que estableció el Ejecutivo del PP en 2012 y, sobre todo, que impedirá que se fijen nuevos cobros a los ciudadanos por prestaciones sanitarias, sean del tipo que sean y vivan donde vivan.

El proyecto, una vez se convierta en ley con su debate y aprobación por el Congreso y el Senado, eximirá del copago por los productos ortoprotésicos, como prótesis o sillas de ruedas, y por el uso del transporte sanitario no urgente a los españoles más vulnerables, los seis millones de ciudadanos a los que el 1 de enero de 2021 el Gobierno ya liberó de pagar por las medicinas que consumen, porcentaje que abonaban desde que así lo decidió el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La futura norma ya ha recibido las críticas de las patronales de la sanidad privada, que creen que convertirá a España en el primer país europeo que impide la contribución de los centros privados a la sostenibilidad del sistema. Ven en la norma un ataque directo a un sector que, dicen, absorbió el 30% de las hospitalizaciones durante la pandemia. Sus lamentaciones son justo las contrarias a las de Unidas Podemos, que pese a su condición de socio gubernamental no ocultó que considera la ley insuficiente, porque entiende que no impedirá la privatización de servicios sanitarios. Estos son algunos de los puntos del proyecto de ley.

Los colectivos que quedarán exentos de copagos si la ley se aprueba en los términos actuales son los pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros o que no pagan IRPF por tener unos ingresos de menos de 11.200 euros anuales, las familias de los menores afectados por una discapacidad del 33% o superior, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y los perceptores de la prestación no contributiva por hijo o menor a su cargo. Se sumarán a los ciudadanos que ya están exentos hoy: los parados sin subsidio ni prestación, los perceptores de pensiones no contributivas y algunos perfiles concretos de enfermos.

El copago ortoprotésico se aplica a todo tipo de prótesis externas, como las de extremidades, articulaciones, cara o boca; a las órtesis (estructuras correctoras) de columna, manos o pies; al calzado ortopédico, a las sillas de ruedas, andadores o bastones, y a otros elementos como los vendajes de compresión o los audífonos, entre otros.

Fija como fin la reducción progresiva de los actuales copagos (farmacéuticos y ortoprotésicos) y blinda la sanidad pública y a sus usuarios contra la tentación futura de algún otro responsable político de instaurar nuevos cobros por servicios o productos.

Cambia el real decreto ley con el que el Ejecutivo del PP dividió en tres la cartera de servicios sanitarios públicos para poder fijar copagos en alguno de los bloques. Con la reforma, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) volverá a ser única en toda España, se viva en la autonomía que se viva.

Deroga de forma expresa la norma de 1997 por la que el Gobierno de José María Aznar posibilitó nuevas formas de gestión del SNS, que permitían la privatización de la sanidad pública. Con la aprobación de la ley la norma general será la gestión pública y directa de todos los centros y servicios del SNS. Cualquier gestión indirecta o concierto con empresas privadas debe ser algo «excepcional», complementario y se debe explicar por qué el servicio no es posible desde lo público. Estado y autonomías pactarán los indicadores concretos que autorizarán estas excepciones.

Toda persona que se encuentre en España, sea nacional o extranjero, disponga o no de papeles en regla, tiene garantizado por ley el derecho a recibir de forma gratuita, inmediata y sin traba administrativa alguna la atención sanitaria que precise, en idénticas condiciones y con igual alcance que los nacionales. La norma garantiza explícitamente esta atención a los sin papeles, a los españoles que residen en el extranjero pero vienen de visita, a los acogidos a la protección internacional y a las víctimas de trata.

La ley convierte en algo estable la participación directa de los ciudadanos en la evaluación del SNS y en el debate y propuesta de las políticas sanitarias. Lo harán a través de la presencia en el comité consultivo de representantes de las asociaciones de pacientes, de discapacitados y de los colegios profesionales.

FUENTE: EL DIARIO VASCO