Imputan al hijo de un expresidente de la CEA por estafa y fraude al SAS
El Grupo de Fraude Fiscal de la Policía Nacional ha desarticulado una «organización criminal» dedicada a lograr un beneficio económico gracias a un presunto fraude con la venta de sillas de ruedas mediante recetas falsificadas. Al frente de esta trama estaría Jaime Álvarez Díaz, el actual presidente de la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica (Asoan) e hijo del que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Rafael Álvarez Colunga, fallecido en 2008. Fuentes del caso explicaron que fue detenido junto con un médico del hospital Virgen Macarena y con cinco personas más, que están en libertad con cargos tras declarar ante el juez el pasado 24 de enero.
Jaime Álvarez Díaz regenta la farmacia que fuera de su padre y la ortopedia situada en la calle Joaquín Morales y Torres, esquina con la avenida de María Auxiliadora. Los investigadores creen que en «connivencia» con un médico del Macarena y dos de sus trabajadores formaban un «entramado criminal escalonado» en el que contaban con la ayuda de «captadores» de personas con movilidad reducida y en el que las tareas estaban «perfectamente definidas». El objetivo era lograr una receta visada del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la que se prescribiera una silla de ruedas, que era cobrada al paciente y que se facturaba a la administración andaluza por un importe mayor al real. Así, la Policía calcula que se hicieron con 36.277 euros facturados al SAS de forma ilícita.
Según informó la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación se inició en noviembre tras la denuncia de un paciente a las autoridades sanitarias en la que exponía que le habían ofrecido una silla de ruedas sin necesidad de ser valorado por un traumatólogo y sin realizar ningún trámite, ni firmar documento alguno. Tan solo debía de entregar su tarjeta sanitaria y pagar 300 euros, cuando esta cuantía no es necesaria abonarla.
Los agentes comenzaron sus pesquisas que les llevaron hasta los captadores que localizaban a personas de movilidad reducida, la mayoría de ellos de Torreblanca, a los que les ofertaban sillas de ruedas a cambio de 300 euros y la documentación médica. El captador llevaba la documentación a la ortopedia de Álvarez Díaz, donde supuestamente rellenaban los impresos del paciente y falsificaban su firma. Estos papeles eran remitidos al traumatólogo compinchado, que «sin ni siquiera verlo», expedía una receta con la prescripción de una silla de ruedas. Esta receta con apariencia de legalidad era visada por el SAS, que desconocía el fraude.
Una vez que habían logrado el visado necesario, la ortopedia entregaba la silla de ruedas y facturaba al SAS el precio de la misma, aunque siempre justificaban el valor de la silla más cara, 3.277 euros, a pesar de que el aparato entregado era de unos 1.000 euros. El excedente era, por tanto, para la trama. La Policía también ha descubierto que otra de las prácticas de esta organización era apropiarse de los documentos y datos de clientes de la ortopedia que habían comprado de forma particular una silla de rueda. Con esta información ellos se encargaban de tramitar una solicitud al SAS que era visada gracias a la colaboración del facultativo detenido, con lo que se facturaba al SAS por una silla inexistente. También se entregaron scooter con ventas al público inferior a 1.500 euros, pero las facturaron por 3.277 euros. En total, según fuentes de la investigación, de 15, los agentes han detectado 11 irregulares.
La operación se desencadenó la semana pasada con las detenciones de Jaime Álvarez Díaz, el médico implicado y cinco personas más por los delitos de grupo criminal dedicado a la comisión continuada de estafas, cohecho y falsificación de documentos. Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Policía puso a disposición judicial a cinco de ellos el pasado 24 de enero, prestando declaración ante el Juzgado de Instrucción número 15, que estaba en funciones de guardia, tras lo que quedaron en libertad con cargos y con «obligación de comparecer cada vez que sean requeridos». El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 2, que mantiene las diligencias abiertas pero que, por ahora, no ha llevado a cabo ninguna prueba más. Este periódico trató sin éxito de contactar con Jaime Álvarez Díaz.
Fuente: El Correo de Andalucía.